Sindicatos y política.
Tengo la impresión de que muchos de los que se horrorizan ante el comunicado de la CGT no lo han leído completo. Más aún, sospecho que no entienden algunas cuestiones básicas del sindicalismo tal y como se conformó en la Argentina.
Empecemos por esto último. Como algunos autores han mostrado, desde los años cuarenta, los sindicatos argentinos adoptaron un modelo que, en rigor, se aplicaba ya en los de tipo industrial, que era el sindicato único por rama a escala nacional. Paradójicamente, ese fue el modelo impulsado, en su mejor momento, por el PC de los años treinta. (1)
En octubre de 1945, los sindicatos obtuvieron de Perón exactamente el tipo de reconocimiento que estaban buscando. No se trataba, meramente, del reconocimiento legal de los sindicatos: el nuevo Código Laboral debía reconocer su autonomía económica y su derecho a ingresar en la arena política. En efecto, el decreto 23. 852 de Asociaciones Profesionales, de octubre de 1945, reflejó el equilibrio existente entre los sindicatos y Perón, así como garantizó un marco legal que aseguraba la rápida consolidación de organizaciones sindicales fuertes e internamente cohesionadas, en una estructura piramidal que terminaba en una confederación nacional única, facilitando de este modo la unidad del movimiento obrero en tanto actor político.
Pero el legado de la etapa peronista fue, sin duda, la autonomía financiera de los sindicatos a través de los mecanismos que les permitieron controlar en solitario los fondos de sus obras sociales. Esa autonomía financiera fue la que hizo posible que el movimiento obrero organizado se mantuviera a la cabeza de la resistencia una vez caído el aparato político propiamente dicho, y fue esa misma autonomía la que sostuvo todas las instancias de construcción, por los sindicatos, de un poder político propio.
Incluso en momentos de derrotas parciales, los sindicatos siempre se aferraron a ese control, mostrando un notable pragmatismo al respecto. Obtuvieron de Frondizi una Ley de Asociaciones Profesionales, la 14.455, que les devolvía sus derechos económicos y políticos, y los sostuvieron aún en medio de una feroz ofensiva. Enfrentaron la embestida de Illia, quien con el decreto 969 trató de desarmar este modelo sindical tanto en su pata política como en sus bases financieras. (2)
Los sindicatos volverían a demostrar su capacidad de dejar afuera las diferencias con motivo del rechazo del Senado al proyecto de ley impulsado por el Ministro Antonio Mucci, en marzo de 1984.
¿Es muy distinto lo que sucede hoy? Ante lo que se percibe como un ataque al control financiero de las OS, legitimado por el discurso mediático y por ciertos referente políticos que ven en el movimiento obrero un adversario a desarmar, el sindicalismo reacciona y diferencia lo personal de lo institucional.
Al mismo tiempo, en el contexto de una campaña electoral en que algunos referentes del peronismo disidente podrían aprovechar la situación para presentarse como adalides del movimiento obrero y del peronismo, la CGT evita que le copen la parada y se encarga de señalar que sus muchachos -y sus intereses, por qué no- se defienden mejor solos. La jugada, en suma, con sus aciertos y sus torpezas, se inscribe de lleno en la historia del sindicalismo argentino, que nunca ha sido sutil a la hora de defender lo que considera propio.
Ezequiel Meler.
Notas.
(1) Quien mejor ilustra este proceso de conformación es Doyon, Louise: “La organización del movimiento sindical peronista, 1946 – 1955”, en Desarrollo Económico, N º 94, Vol. 23 (julio – septiembre 1984).
(2) Esta dinámica está razonablemente ilustrada en Daniel James: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946, 1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
Creo que esa lucha que planteás, y que plantea Moyano es justa. Es cierta. Es defendible. Pero también me parece que la CGT apela a esa lucha cierta, buena y defendible para defender otro tipo de intereses. No parece creíble que las obras sociales sindicales estén “bajo ataque”.. ¿de quién? ¿de un juez? Distinto sería si la CGT estuviera luchando contra una ley… En este caso de medicamentos adulterados y troqueles truchos no parece haber sido nunca puesto en cuestión el sistema actual.
¿Contra qué fue este comunicado? De leerlo parece ser contra la “condena mediática”…¿? Un juez tiene todo el derecho a pedit la captura de alguien y de indagarlo. Debe tener pruebas (que uno no puede saber por el secreto de sumario), y en todo caso su actuar está controlado por cámaras y su misma carrera profesional puede salir dañada si se va de mambo.
Que no estén las condiciones dadas para meterse en el tema de mejorar la calidad de la representación gremial no debe querer decir que seamos ciegos cuando los efectos de esa “baja calidad” son controlados por la justicia. Las acusaciones son graves (la acusación sería que la obra social UATRE habría dado medicamentos truchos a sus ya sufridos afiliados), lo mejor que puede hacer la CGT es colaborar con la justicia y esperar, y no reaccionar como Mauricio Macri con el tema de las escuchas…
Ezequiel: simplemente impecable. Lástima que cierta “impresentabilidad” de determinados cuadros del MOO permita lecturas simples y hachazos peligrosos…
Un abrazo.
Ct.
Nicolás:
Las OS están bajo ataque hace rato. Han tratado de desmantelarlas, las desregularon, y todos los fondos que se liberan en dirección de las mismas, pese a que están en línea con la ley, merecen tres artículos de Clarín, algún otro de La Nación, y otra entrevista a Ocaña.
La razón es simple: prestan un servicio que, en ausencia del sistema público, tiene mucha cobertura, y a un bajo costo. Mal negocio para las prepagas locales.
En el comunicado hay un párrafo dedicado a la estigmatización mediática de los dirigentes gremiales, una tarea ideológica que viene de largo, y otro, más importante, dedicado a denostar la utilización política del tema por el duhaldismo. Evitar que cope la parada era vital, porque si se daba en la misma semana el debate colectoras y este tema, el peronismo disidente quedaba totalmente reposicionado en sus conversaciones con Macri. Malestar abajo, hay de sobra.
Respecto de la justicia en general, habla por sus fallos. Oyarbide en general elige las causas de impacto mediático, pero ni en el caso del procesamiento de Macri, que por algo no eleva a juicio oral, ni en éste, tiene un caso armado. Y mirá que me gustaría mucho.
Saludos,
EM
Me parece que omitiste decir que el poder económico que deviene del manejo de las Obras Sociales fue una concesión de Onganía.
Eso es simplemente erróneo. Onganía suspende el 969 hasta las primeras huelgas, luego congela los fondos. Con Onganía es con quien peor le va al vandorismo, no en vano termina perdiendo el control de la CGT. Fijate en las referencias.
Estoy hablando de la Ley 18610
Ah, ese momento. Hubiésemos empezado por ahí.
Varias cosas.
Primero, la ley es de febrero de 1970, y aparece en medio de las puebladas como una concesión, inútil por cierto, a un sector del sindicalismo, no a su conjunto. Está expresamente dirigida a los participacionistas – nueva corriente de opinión.
La mejor evidencia es que los fondos se dirigen exclusivamente “a la orden de la asociación profesional con personería gremial signataria de los convenios colectivos de trabajo”, y no a la orden de las obras sociales, como ocurre hoy, barbaridad que después sería corregida. En ese momento, varios sindicatos centrales de la Argentina tenían su personería suspendida, de modo que no recibieron nada. Pero además, vale recalcarlo, la ley rompe con un criterio básico: los fondos no van a las obras sociales, sino a los sindicatos para que ellos los administren, sin previsión mínima de rendición de cuentas.
Precisamente, esto cambia en 1974: apenas vuelto Perón se aprueba la ley 20. 748, que normaliza el esquema al crear el Sistema Nacional Integrado de Salud, luego suspendida por la dictadura militar, pero que retoma la idea de que las obras sociales administren los fondos.
Pero la discusión de fondo, me parece, reside en preguntarse qué tanto innova Onganía con su legislación. Mi impresión es que, salvo en el nivel de discrecionalidad, muy poco, o nada.
La legislación laboral del peronismo, así como la del frondicismo, ya establecían el control de las obras sociales por los sindicatos, los aportes obligatorios de patrones y empleadores, etc. La legislación posterior, propia de la democracia, continúa en esa línea hasta el día de la fecha, introduciendo en todo caso controles parciales a la liberación de fondos.
Por supuesto, en los últimos cuarenta años, el deterioro del sistema de salud pública coloca a las OS y a los afiliados en un lugar que posiblemente no tenían en 1946 – 47, cuando el sistema de salud gremial se expandía a la par del esquema hospitalario. Pero en la concepción de Perón, desde la misma creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ambos esquemas no eran opuestos, sino complementarios. Donar los fondos para la construcción de un hospital ferroviario, por ejemplo, no era antagónico con construir hospitales públicos en la misma zona.
En síntesis, yo no abrevaría demasiado en esa tesis, porque simplemente no se sostiene. Lo que intenta hacer Onganía es berreta, y a lo sumo puede verse como una mala actualización -por las razones expresadas- de políticas laborales preexistentes, en un contexto en que, o innova el rumbo, o, como finalmente sucedió, se cae.
La idea de que es Onganía el que cede el “el poder económico que deviene del manejo de las Obras Sociales” es, como mínimo, no muy bien intencionada. Omite la preexistencia del modelo sindical, con su componente de salud, así como la autonomía financiera previa y posterior.
Saludos,
EM
Bien. Creo que, como señala Abel en su blog, el tema acá es la cuestión del funcionamiento de las corporaciones en las sociedad modernas, y el modelo “liberal” de ciudadanía política dominante. Tema complejo, desde ya. Un ejemplo histórico interesante es el de la huelga minera contra Thatcher en 1984, y la discusión sobre su legitimidad: http://urltea.me/2vq.