Un genocidio continuo (A propósito de los acontecimientos de Formosa).

I.

Ojalá fuese tan simple. Un inescrupuloso gobernador del NEA se vuelve un lastre autoritario, al reprimir sangrientamente a la población indígena local. Lo condenamos, intervenimos la provincia, y listo.

No niego que esas medidas, condena e intervención, sean necesarias y hasta forzadas dada la situación que se presenta. Pero si creen que Formosa es un hecho aislado, tanto en lo que refiere a la situación de los pueblos originarios, como en lo referente al rol, composición e ideario del llamado “peronismo periférico”, estarán, a mi juicio, cometiendo un error.

Empecemos por lo más conocido: la situación de los pueblos originarios. Que no ha cambiado, sustancialmente, desde la constitución misma del Estado nacional. Son y han sido tratados como parias en su propia tierra, algo reforzado por la herencia de su exterminio: están dispersos, son minoría y les cuesta presentarse de manera organizada ante los poderes públicos nacionales. Como señala Zaffaroni:

“El genocidio de los pueblos originarios no lo practicó sólo el colonizador, se viene practicando desde la emancipación, con múltiples tratados que se violaron con jefes indígenas, que el Estado no respetó, todo eso amerita un reclamo de reparación interna. Nadie puede revertir lo que sucedió. Lo que podemos modificar en el plano interno es la propagación de ese genocidio, se puede y se debe compensar hoy a quienes están sufriendo las consecuencias del genocidio pasado. Ese es un reclamo legítimo y es necesaria una reparación.”

II.

Una breve reseña histórica debe comenzar, necesariamente, por el lugar común: la llamada Conquista del Desierto. Hay muchas cifras, toneladas de fuentes, de modo que voy a atenerme a un documento oficial, el Informe de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro:

“El año 1879 tendrá en los anales de la República Argentina una importancia mucho más considerable que la que le han atribuído los contemporáneos. Ha visto realizarse un acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente, y cuyo alcance, desconocido hoy, por transitorias cuestiones de personas y de partido, necesita, para revelarse en toda su magnitud, la imparcial perspectiva del porvenir. Esos acontecimientos es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Río Negro y del Neuquén.

Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Se trataba de conquistarlas en el sentido más lato de la expresión. No era cuestión de recorrerlas y de dominar con gran aparato, pero transitoriamente, como lo había hecho la expedición del Gral.Pacheco al Neuquén, el espacio que pisaban los cascos de los caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban las balas de sus fusiles. Era necesario conquistar real y eficazmente esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura, tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia, que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado de tan dilatadas comarcas.” (1)

III.

Ojalá hubiese terminado ahí. Pero, de nuevo, no es el caso. Los crímenes contra el sector más vulnerable de la población continuaron desde entonces, casi sin interrupciones, hasta nuestros días. Doy a continuación algunos ejemplos.

Napalpí, Chaco, 1924. El gobernador Fernando Centeno, designado al frente del territorio por el presidente Marcelo T. de Alvear, prohíbe los tradicionales desplazamientos laborales de los indígenas fuera del Chaco. La medida, diseñada para favorecer a los hacendados algodoneros, genera resistencias. Finalmente, los indígenas declararon una huelga, y se refugiaron en el monte.

El 18 de julio de 1924, el gobernado ordenó proceder con rigor contra los “sublevados”. Más de ciento treinta policías, algunos civiles, y una avioneta, fueron los instrumentos de ese “rigor”.

Sorprendidos por el sonido del motor del avión, los indígenas salieron al descampado a observar al aeroplano. Los recibió una descarga cerrada de fusiles, que duró más de cuarenta y cinco minutos.

Según Marcelo Larraquy,

“La tropa inició la matanza de las etnias rebeldes. Las familias indígenas escaparon hacia al monte impenetrable, pero en dos horas, los fusiles estatales ya habían matado a alrededor de doscientos aborígenes que habían negado sus brazos a la cosecha. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los degollaba. Al cacique Maidana y a sus hijos les arrancaron los testículos y las orejas. Los cadáveres fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la Reducción fueron saqueados. Cuarenta niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas.”

La matanza continuó. Según relata Darío Aranda:

“El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso nacional: “La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”

La cuenta más conservadora ronda los cuatrocientos muertos, la mayoría qom o mocovíes. El 18 de enero de 2008, el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, pidió perdón en nombre del Estado Provincial. Pocos días antes, la historia de la masacre había sido incluida, por primera vez, en los contenidos educativos de la provincia. El 18 de julio de 2008, en el acto recordatorio de la masacre, Capitanich reiteró el pedido de disculpas y el reconocimiento de la misma. En noviembre de ese año, Melitona Enrique, única sobreviviente del episodio, fallecía, a los 107 años de edad.

IV.

Bajo el primer peronismo, pese a las esperanzas que desató entre los pueblos originarios, el trato no fue muy diferente.

Rincón Bomba, Formosa, octubre de 1947. Un contingente de unos siete mil indígenas, mayoritariamente tobas, pilagás y wichís, vuelve de Salta tras descubrir que el trabajo que les habían prometido en el ingenio San Martín era una farsa. Se instalan en un descampado, en Las Lomitas, y envían delegados a dialogar con las autoridades del pueblo, la gendarmería y representantes del gobierno nacional. El presidente Perón, inmediatamente, envía tres vagones de alimentos y ayuda social. Pero los vagones, detenidos en la estación, no llegan a los indígenas, sino que permanecen estacionados. Miguel Ortiz, delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, ordena dejarlos pudrirse.

Diez días después, sólo un vagón de provisiones, sobre tres enviados, llega finalmente. El resto no aparece. La comida, en mal estado, es distribuida de todos modos. A las pocas horas, la intoxicación masiva arroja los primeros muertos, en su mayoría bebés. Pronto la mortandad se extiende tanto que se les niega sepultura en el cementerio local.

Rumores desatados por el temor, el odio o la paranoia circulan en la población. Los indios, se dice, están planeando alguna suerte de levantamiento. Gendarmería Nacional, munida de ametralladoras, rodea el campamento. Más de cien efectivos refuerzan el cordón de seguridad trazado frente a los incrédulos indígenas.

Los caciques solicitan entrevistarse con el jefe del operativo. Más de mil indígenas salen a campo abierto a seguir las conversaciones. Pero, de pronto, luces de bengala iluminan el terreno, y el tronar de las ametralladoras hace caer a los movilizados. Hombres, mujeres y niños, muchos de ellos portando cuadros de Perón y Evita, caen asesinados. Su destino final estará en fosas colectivas, cuando no les toque ser calcinados. La cifra de muertos ronda, nuevamente, los cuatrocientos o quinientos muertos.

V.

Difícilmente pueda explicarse este genocidio continuo sólo desde una lógica económica. Como señala Héctor Hugo Trinchero,

“Planteadas de esta manera, dichas masacres parecen ser el producto contingente, algo así como un exceso perpetrado por las fuerzas represivas del Estado, frente al reclamo de trabajadores indígenas. [...] Junto a la posibilidad de pensar en cierta “funcionalidad” disciplinadora de la fuerza de trabajo como modelo explicativo de la emergencia de dichas masacres [...] hay un plus de sentido [...] dado por el carácter significante que tuvo la guerra contra el indio como constituyente de los estigmas racistas que porta el Estado argentino desde su proceso de formación moderna, es decir, desde mediados del siglo XIX.”

Es ilusorio, como mínimo, creer que este estigma ha cambiado demasiado por la sola inclusión del inciso 17 en el artículo 75 de la Constitución Nacional. La ley, como sabemos, rara vez informa la práctica. Los poderes fácticos de las zonas más atrasadas del país tienen su propia lógica, una lógica que ha sobrevivido a todos los movimientos políticos metropolitanos. Una lógica que ha perdurado más de cien años, desde los días de la guerra contra el indio. Una lógica que debe terminar, en un proceso seguramente gradual, que requiere del Estado Nacional decisiones firmes en el castigo de estos crímenes.

Ezequiel Meler,

Profesor de Historia,

FFyL – UBA

Notas:

(1) Julio Argentino Roca, Adolf Döring, Carlos Berg, Eduardo Ladislao Holmberg, Pablo G. Lorentz, Gustavo Niederlein: Argentina. Comisión Científica de la Expedición al Río Negro, 1879. Informe oficial de la Comisión científica agregada al Estado Mayor general de la expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes del general d. Julio A. Roca (con 16 láminas). Buenos Aires, Imprenta de Ostwald y Martinez, 1881-1882.

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