Plan o Derecho: El eje del debate sobre política social.

El debate desatado por el intercambio con Luciano y Gerardo continúa. Después de leer algunas críticas, quisiera introducir algunas aclaraciones.

1. Es difícil sobreestimar el tremendo impacto que tiene la AUH, una vez definido su mecanismo de actualización automática -ligado al salario familiar formal-, sobre los niveles sociales, educativos, sanitarios, etc. Ese impacto es, en comparación con los planes precedentes, enorme e indiscutible.

2. Por eso mismo, queda aún más claro el enorme potencial del instrumento, dado un adecuado reordenamiento del gasto social, así como un despliegue territorial acorde a la necesidad de llevar el plan – derecho hasta los sectores que hoy no lo perciben.

Este último punto ha sido muy criticado. En la memoria social CQC, el territorio es sinónimo de clientelismo, las manzaneras son unas mafiosas, y el costo por corrupción resulta excesivo.

Me permito recordarles que tenemos un entero ministerio, Desarrollo Social, dedicado al gasto social. Y sin embargo, a la hora de los bifes, Desarrollo Social está transfiriendo de vuelta, en la práctica, sus fondos, a medida que los beneficiarios de los viejos planes se bajan de estos y se suben a la AUH, que es coordinada por… ANSES.

3. Fede Vázquez sitúa el debate sobre la AUH en el plano exacto en que deberíamos contemplarlo:

“El punto central es preguntarse si en el gobierno existe la vocación de que la AUH sea un derecho o no. La naturaleza misma de la medida todavía se debate entre ser un mega plan social (heredero del Jefes y Jefas) o ser un escalón más en eso que inventó el peronismo: donde existe una necesidad nace un derecho. Hay algunos indicios de que el gobierno lo puede entender más como plan que como derecho: algunos límites para el ingreso de sectores vulnerables, o de trabajadores que no perciben ese beneficio por estar en negro con un sueldo de más de 1.500 pesos, etc. El gesto inicial de hacerlo sin convicción, y remarcando la idea inicial de que “la mejor política social es la política económica”. La comunicación mediática gubernamental que lo da como un logro ya consumado, y no como un nuevo derecho que transita su camino a la universalidad. [...]

En cambio, si la concepción del gobierno es que el Estado construyó un nuevo derecho social, más allá de los atrasos y las limitaciones concretas de llevarlo a la práctica, la incorporación de los que faltan (así sea por goteo o por tsunami) es un debe constante en la administración pública. Al igual que el DNI o la escolaridad básica: cada año el Estado pone en funcionamiento la maquinaria que procura mantener o alcanzar la universalidad del derecho a la identidad o a la enseñanza.”

En efecto, esta es la discusión: ir hacia la universalidad -antes que nada, para quienes más lo necesitan- o dar la tarea por terminada, asumiendo que se trata de un mero paliativo para una base de receptores que permanece idéntica. En este último caso, quedaría un margen de población carenciada fuera de toda cobertura, lo que opacaría no sólo la capacidad inclusiva de la Asignación Universal, sino su misma legitimidad social, y por ende aquella del Estado que la implementa.

4. Ir hacia la universalidad implica, antes que nada, reconocer de facto tres cosas.

a) El criterio predominante que supone que la mejor política social es el trabajo no funciona.

b) Asoma el fracaso estrepitoso, luego de seis años y pico de crecimiento a tasas chinas, de las políticas sociales focalizadas como herramienta para paliar los efectos de la pobreza estructural.

c) Con ser la mejor de las bases posibles, el esquema de pasar por ventanilla no alcanza. Entran tres millones, faltan dos millones.

En este escenario, por supuesto, se aceptan sugerencias. Mientras tanto, el deber público reside en actuar. Y la opción más eficiente, con los contralores del caso y asumiendo que la política de los pobres es algo un poquito más complejo que la imagen mediática de tipos arrastrados por los planes a cantar la marcha peronista, estriba en el despliegue de la militancia territorial existente -radical, peronista, cristiana o atea- sobre el espacio a cubrir. Acá no hay dilema moral válido -no a mi entender-: o tomamos esa decisión, que implica rever los criterios de organización tal cual se adoptaron desde 2005, o convalidamos en la práctica la normalización conservadora que deja dos millones de pibes sin cobertura. Es tan simple como eso.

Ezequiel Meler,

Administrador.

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