Malvinas: un enfoque pragmático.

El guión parece reiterado: dos gobiernos enfrentados a un amplio descrédito interno disputan sus derechos -y, más sensiblemente, distraen sus problemas-  en un litigio internacional sobre una potencial Isla del Tesoro Natural. Las apariencias, con todo, pueden ser engañosas.

Partiendo de la base del indiscutible control de facto que el Reino Unido posee sobre las Malvinas -control que no está, en sentido alguno, en riesgo cercano o lejano de perder-, surgen dos cuestiones inmediatas. En primer lugar, la futilidad a usos prácticos de cualquier intento de discutir siquiera cuestiones relativas a la soberanía. Gran Bretaña, que desconoce desde los años sesenta toda resolución internacional desfavorable a sus intereses en el Atlántico Sur aludiendo a la problemática autodeterminación de los kelpers, ha de proceder y procederá a voluntad sobre aquello que considera sus posesiones. Es cierto, la maniobra del primer ministro laborista, Gordon Brown, sobre el territorio en litigio parece salida de manual: insistencia en prerrogativas adquiridas por la fuerza, refuerzo de la presencia militar, poca o nula vocación para eludir potenciales conflictos diplomáticos… tal es la delicadeza de un gobierno que necesita aparentar mayor fuerza de la que tiene ante una opinión pública que sufre los efectos de una dura recesión.

En segundo lugar, debe establecerse la naturaleza del botín en cuestión, algo problemático a estas alturas. Las estimaciones mínimas refieren a unos quinientos millones de dólares; las de máxima, a unos seis billones. Las reservas mínimas recuperables, que parecen siderales en comparación con los restos del petróleo argentino, no lo son tanto en términos de costos operativos. Por ejemplo, según Daniel Montamat, ex secretario de energía de la Alianza:

“En el mercado, la única reserva probada es la reserva descubierta. Para que este potencial se transforme en probado, hay que hacer la perforación. [...] Perforar cada pozo les sale a las empresas entre 50 y 100 millones de dólares. Si están arriesgando esto, es porque tienen una sísmica de aproximación por demás interesante. Lo que no deben tener en claro es cuál es la magnitud de los yacimientos”.

En otras palabras, o saben más de lo que dicen -y entonces estamos en serios problemas, con o sin arreglo a derecho-, o el perfil financiero del negocio -que supondría apenas un vuelto en los números británicos, y a un costo diplomático excesivo- se encuentra subsumido por su contexto político -y ahí, no hay buque de guerra que valga-.

Me explico brevemente: una plataforma marítima no es autónoma, sino que depende del abastecimiento continuo, en fuerza de trabajo, tecnología, y provisiones, desde un territorio continental necesariamente cercano. Si a ello sumamos las dificultades operatorias derivadas de los restos de guerra, el problema aparece más claro. Como señala Federico Bernal,

“Según confirmó la ministra de Minería de las islas, Phyll Rendell, a este autor en 2004, se ha creado una suerte de área de exclusión al sur de las islas donde se prohíbe cualquier tarea de perforación. La razón es simple: en esa zona se registraron hundimientos de barcos británicos que se presumen contienen material nuclear bélico.”

Es en razón de este argumento que las áreas licitadas, aunque gigantescas a primera vista, no resultan tan prometedoras al analista desapasionado. De nuevo según Bernal,

“De las cuatro cuencas, la menos costosa (por sus bajas profundidades y cercanía a las islas) y la de mayor potencial petrolero (3900 millones de barriles o un 60 por ciento de los volúmenes estimados camino a ser certificados) es la denominada Cuenca Norte. Dicha cuenca tiene una superficie de 50 kilómetros de ancho por 230 kilómetros de largo. Las cuencas al sur y al este, si bien muy prometedoras, están a mayores profundidades y las áreas licitadas más próximas a las islas se ubican recién a 150 kilómetros de distancia (contra unos 25 km para la Cuenca Norte).”

Más profundidad es mayor costo, y mayor lejanía implica -amén de lo anterior-, dificultades logísticas superiores a los recursos humanos que brindan las islas per se. En cristiano, Gran Bretaña necesita un socio regional que provea dichos elementos.

Aquí ingresa la posición argentina. Desde 2003, el gobierno, primero de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández, ha insistido con el argumento de la soberanía, lo cual ha llevado a no pocos desencuentros y conflictos, especialmente por el álgido tema de las licencias pesqueras. En ese contexto, y teniendo en cuenta las mutuas reticencias a negociar por parte de ambos países, Argentina, el  mejor socio potencial, es al mismo tiempo el menos probable.

¿Puede Gran Bretaña encontrar ese socio en otros países? En política nada debe descartarse, y seguramente será un desvelo de la siempre hábil diplomacia británica romper el férreo bloque diplomático que presentan, hoy por hoy, los Estados del Grupo Río, la UNASUR y el CARICOM. Actitudes todas, agregaría, que presagian el eventual desmantamiento de la OEA, debilitada por los cambios en la región, a manos de nuevos y mejores esquemas multilaterales.

Esa es la estrategia británica. Ahora bien, ¿cuál debe ser la estrategia argentina? En el corto plazo, en tanto permanece abstracto el problema de fondo -que será siempre la irrenunciable soberanía argentina sobre todas las islas dentro de su plataforma marítima, de acuerdo al precepto constitucional-, el gobierno argentino debe lograr dos objetivos.

Primero, el Estado nacional debe mantener y sostener el bloqueo diplomático en sus puntos más vulnerables. Para ello, sería ideal reforzar el vínculo estratégico con Chile, de cara a una eventual empresa binacional de exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Segundo, por una vez coincido con Solanas, el país debe adoptar una diplomacia activa y replantear su política petrolera. La Argentina debe dejar en claro que no habrá empresa, pública o privada, de bandera alguna, que pueda operar en cualquier sentido sobre el petróleo de Malvinas sin esperar severas e inmediatas represalias económicas. En concreto, ninguna colaboración comercial o logística con el Reino Unido puede tener asiento en territorio nacional -nos referimos, claro está, al continente-. Idénticas expectativas debe mantener cualquier interés o capital británico en el país -de ser posible, se recomienda actuar antes de avisar-.

El fin estratégico de estas tareas, sin embargo, no debe llamarnos a engaño. No se trata de recuperar las islas en el plazo inmediato: esa opción no es viable por medio alguno, diplomático o político, y quien diga lo contrario miente o delira. De lo que se trata es de forzar a Gran Bretaña a negociar la operatoria de los recursos, preferiblemente en el marco de una sociedad estatal mixta, sin por ello renunciar al reclamo histórico de soberanía. De lo que se trata, en definitiva, es de conseguir, para el Estado de los argentinos, en el marco de la recuperación de la experiencia petrolera nacional, una tajada razonable de un negocio internacional que hoy despierta más dudas que certezas.

Ezequiel Meler,

Administrador.

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