Las Honduras abiertas de América Latina.

A diez días del golpe de Estado en Honduras, el sector golpista local está cercado, tanto en materia interna como en la arena diplomática. Suspendida su participación en la OEA, condenado por la ONU, expuesto a diversas sanciones económicas, carente de margen alguno de maniobra luego de la vergonzante operación militar que frustrara el retorno del presidente Zelaya, el golpismo hondureño se muestra, sin embargo, notablemente intransigente.

Los golpistas, entre los que se cuentan el grueso de los dirigentes políticos tradicionales, las principales asociaciones empresarias, las Fuerzas Armadas e, inicialmente, la Iglesia Católica local, apostaban hasta el domingo a un desgaste de la presión internacional en el tiempo.

Pero la jornada, signada por la represión criminal ejercida sobre las principales organizaciones sociales, concentradas en torno del aeropuerto de Toncontín donde se esperaba el arribo de Zelaya, fue demasiado para sus socios. La condena explícita de Obama desde Washington, reiterada desde Moscú, se sumó al repudio desde Caracas, Brasilia y El Salvador, donde se realizaba un cónclave de la OEA y la UNASUR. El propio Vaticano salió a despegarse de su sucursal hondureña, a fin de no abrevar, una vez más, en los sinuosos caminos de su relación con las democracias latinoamericanas.

Ningún gobierno ha apoyado o reconocido al presidente de facto, Roberto Micheletti, y la impresión general, luego de confirmarse la reunión entre Hillary Clinton y el depuesto Zelaya, es que ninguno lo hará. Como resultado, la Iglesia hondureña ha modificado su posición, virando hacia una igualmente espuria neutralidad, y la Corte Suprema ha sugerido al Congreso una “amnistía” para el presidente depuesto.

¿Quién es Manuel Zelaya? Ciertamente, su biografía refleja los elementos contradictorios que constituyen a la mayoría de los nuevos gobiernos latinoamericanos. Hacendado, nacido en familia patricia, afiliado desde los 18 años al tradicional Partido Liberal, fue electo presidente por esta formación política en 2006. Tras un primer año signado por la continuidad respecto a las políticas de su predecesor, continuidad que incluyó la integración en el Tratado de Libre Comercio propugnado por los Estados Unidos, Zelaya maniobró para acercarse al ALBA, recibió un trato comercial preferencial por parte de Venezuela, apoyó el reclamo cubano contra el bloqueo norteamericano, y avanzó en una exitosa renegociación de la deuda externa de su país.

Según Luis Hernández Navarro:

“En mucho, la conversión de Zelaya es producto de la presión popular en el marco de un nuevo contexto regional. En un país en el que los dos principales partidos se distinguen sólo por el color de sus emblemas, las organizaciones populares han apostado por la construcción [de] una nación realmente diferente: una que abandone la ruta del neoliberalismo. En el camino, hicieron de su presidente un político distinto al que era cuando llegó al poder.”

Ese viraje le valió una altísima popularidad entre los sectores más humildes de Honduras, e inversamente, una oposición formidable por parte de sus colegas de clase. Apoyado por las principales organizaciones sociales del país, nucleadas en la “vía campesina“, Zelaya decidió emprender el camino de la consulta popular con vistas a una eventual reforma constitucional.

Esa, al parecer, fue la gota que derramó el vaso entre los sectores dominantes hondureños. El 28 de junio, un grupo especial de las Fuerzas Armadas asaltó el Palacio de Gobierno, secuestró a Zelaya, y, pese a que la instrucción inicial insinuaba la posibilidad de asesinarlo, lo subió a un avión y lo depositó en Costa Rica, delito que sus voceros justifican como instrumento “para evitar un derramamiento de sangre”.

Sólo la decidida reacción de la comunidad internacional, que, con la excepción parcial de los Estados Unidos, condenó de inmediato los eventos, sumada a la firme y continua movilización de los sectores populares, podrá reponer a Zelaya en el puesto para el que fue electo. Lamentablemente, como reconocen diversos actores y observadores, ante el fracaso de las negociaciones diplomáticas, cabe suponer que no será una solución incruenta. Ya sea por la violenta represión que sufren los simpatizantes de Zelaya, como por el efecto, que ha de sentirse pronto, de las sanciones comerciales y financieras, la intransigencia de los sectores privilegiados del país ha de costar caro a la mayoría de los hondureños. Llegado cierto punto, ese es el siempre lamentable precio de la dignidad. En este nuevo marco latinoamericano, no hay lugar para golpes palaciegos o alteración alguna de la institucionalidad democrática.

Ezequiel Meler,

Administrador.