A treinta días.

Estamos en la recta final. En un mes, sabremos con exactitud cómo llega el kirchnerismo a la mesa de negociación con los gobernadores, y cómo se compone, medianamente, la gobernabilidad del país en el bienio 2009 – 2011.

Aunque lo nieguen, todas las miradas siguen enfocadas en los críticos resultados de la PBA, histórico bastión del peronismo, y ahora del kirchnerismo. Si, como parece hasta ahora, el oficialismo obtiene la victoria, quedará para el observador interesado ponderar cuán razonable es la diferencia con el segundo, cuál ha sido su desempeño en las grandes urbes, y en qué medida ello implica un determinado escenario de cara a 2011. Por lo pronto, dados los guarismos que manejamos -que son de público conocimiento- la diferencia va a dar para varias interpretaciones, tantas como sucesores interesados.

Y entonces, contados los porotos, tendremos que vernos frente al desafío renovado de gobernar la Nación. Ello implicará, indudablemente, nuevos equilibrios -al menos, en la Cámara Baja: la situación en Senadores no ha de cambiar radicalmente-, y la posibilidad abierta de construir nuevas sociedades, con fuerzas provinciales, con los progresismos razonables, etc.

Para el kirchnerismo, este escenario tiene un sabor amargo: debemos volver a empezar, tender puentes como en 2003, atender la emergencia social, mantener el buque a flote y construir una fuerza política razonablemente cohesionada y plural de cara a 2011. La diferencia estriba en los logros indudables de estos años, y en el hecho de que la crisis que viene llega de afuera, del centro mismo del capitalismo mundial.

Hace un tiempo, en un planteo que pasó casi desapercibido, me pregunté si era posible, de cara a este escenario, reconstruir el frente político de 2002. En aquel texto, sostuve, frente al desafío chacarero, lo siguiente:

“Inhabilitado para buscar pactos con los factores tradicionales de poder, el gobierno sólo pudo volverse un socio interesante para ellos a costa de recuperar su poder de fuego, avanzar en la creación de un mercado de capitales, intervenir activamente en la política de ingresos, y establecer ambiciosos proyectos de inversión pública, que en buena medida implican una audaz profundización del camino algo mezquino iniciado en 2003. Todo esto, sin arriar media bandera, dando participación a las dos centrales sindicales del país, y con el apoyo, más o menos renuente, de buena parte del arco político progresista.”

El texto giraba en torno a la factibilidad de un pacto social y de gobierno que incluyese a la UIA, al empresariado rural, a la CGT, a las clases medias urbanas de tinte progresista, etc.

Hoy, esa posibilidad parece lejana. Con el empresariado rural encolumnado en las filas opositoras, el distanciamiento prescindente de la UIA, debido a internas empresarias que exceden largamente el mediático “efecto Chávez”, deja al gobierno sin muchos referentes entre los sectores más representativos del capitalismo argentino. El posicionamiento marcadamente opositor de buena parte del arco progresista muestra el otro rostro de la profecía autocumplida: el gobierno, hoy por hoy, depende estratégicamente de la calidad de su alianza con los intendentes del conurbano y la CGT. Si quieren entender las testimoniales, sigan esa ruta.

Asegurarse un porcentaje razonable del voto peronista sirve a los fines de mantener al kirchnerismo bonaerense como una fuerza de peso nacional y verticalidad medianamente probada. Su poder de fuego, conocido por sus adversarios, es un potente disuasivo frente a maniobras centrífugas: cuando todo terreno deviene arrasado, el peronismo bonaerense, piloto de mil tormentas, mantiene su lugar expectante en la mesa de poder.

Pero perdurar puede ser sólo un objetivo de mínima, y para lograrlo es necesario encuadrar políticamente a otros sectores. Los nuevos movimientos  sociales y la clase media progresista que aún responde al proyecto nacional deben tener un espacio propio, medianamente autónomo. Esa es la primera asignatura de cara a la segunda mitad del mandato presidencial: incluir otros socios.

La política de seducción de la clase media como tal, en base a la apelación a sus intereses materiales -créditos hipotecarios, de consumo, devoluciones impositivas, etc.- no está mal, pero no ha de rendir ningún efecto positivo en términos políticos si no se ve acompañada de otros estilos de comunicación y gestión.

La política social es uno de los aspectos más importantes en la revisión. Por su llegada inmediata a millones de hogares, fue la política social, antes incluso que el repunte del empleo, la que marcó a fuego la imagen redentora del kirchnerismo en los sectores populares. Quien crea que ese papel fue jugado por el discurso de derechos humanos y la derogación de las leyes de impunidad, en verdad, no entendió nada. Pero las lealtades materiales y simbólicas surgidas de esa “reparación” originaria, prohijada por el duhaldismo y mantenida cierto tiempo por el kirchnerismo, no duran para siempre.

La sociedad ha cambiado mucho en siete años: hoy los actores sociales se han provisto de expectativas nuevas, distintos puntos de convergencia, diversas necesidades antes inexistentes. El kirchnerismo, al tiempo que lleva la buena nueva del cambio profundizado a sectores a los que no ha alcanzado con su praxis, deberá reconocer, en esta nueva realidad -que es tanto su producto como su legado- aquellos interlocutores con los cuales generar nuevos entendimientos, de cara al bienio que llega.

Ya no estamos en 2002: la unión nacional para salir de la crisis devino en diferenciación de intereses y puja intersectorial. La nueva crisis, esta vez sistémica, no ha de generar, por lo que se ve, condiciones similares. Bueno es tenerlo en cuenta. En la Argentina, no gobierna el que quiere: gobierna el que puede.

Ezequiel Meler,

Administrador.

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