La centralidad política de la Ley de Radiodifusión.

 

“Si meten la ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto”

Gerardo Morales.

 

 ”No tendremos problemas en defender a grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa.”

Elisa Carrió.

 

1. Confusiones.

El filósofo español Santiago Alba Rico ha señalado recientemente que “lo peligroso de la así llamada “información” —lo que hace necesario un contrapunto alternativo— no es que la información sea mendaz o manipuladora ni que esté al servicio de intereses espurios sino el hecho de que, mendaz y manipuladora y al servicio de intereses espurios, sea “creíble”.”

Basado en esta premisa, Alba Rico realiza una distinción que es importante retener. Para el español,

“Conviene distinguir de entrada entre libertad de expresión y libertad de información. La libertad de expresión pertenece al ámbito privado y puede ser más o menos desbocada, pero nunca objeto de planificación institucional. Todos somos más o menos libres de decir lo que queramos, a condición de que lo escuche poca gente (nuestra familia, nuestros compañeros de parranda, nuestros novios, los miembros de nuestro club). Como el ámbito privado está interferido por toda clase de relaciones de poder, ocurre que, bajo una dictadura, uno tiene miedo de alzar la voz en un café; y bajo un patriarcado una tiene miedo de llevar la contraria a su marido; y bajo una cultura racista uno finge estar de acuerdo con los blancos. En todo caso, el mecanismo que limita la libertad de expresión es siempre la “autocensura”, que en unos casos es buena y en otros no: entre un superego razonable (condición del reconocimiento social) y un silencio aterrorizado cabe una modulación casi infinita en la intimidad de relaciones sociales muy variadas y desigualmente negativas. [...] Al contrario que la libertad de expresión, la libertad de información pertenece al espacio público, al que solo se puede acceder a través de ciertos medios de producción y ciertas mediaciones tecnológicas. Por eso, de la misma manera que la libertad de expresión es en realidad libertad de autocensura, la libertad de información es en realidad libertad de censura. Creo que, expuestas de esta manera, se entienden mejor las cosas. Ciertos órganos, ciertas instituciones, ciertos colectivos, reciben del estado el derecho soberano a censurar públicamente un número casi ilimitado de voces. La teoría liberal pretende que la multiplicación de los órganos de censura es precisamente la que garantiza la comparecencia de una pluralidad completa. Eso será bajo el socialismo. Porque bajo el capitalismo, el estado delega el derecho de censura, no en manos de ciudadanos libres o, en el extremo, de partidos y colectivos civiles, sino de grandes multinacionales que son las que, directa o indirectamente, redactan los periódicos y programan las cadenas de televisión. Los mismos que deciden quién come y qué comemos, quién puede beber y qué bebemos, quiénes van a matarse y con qué armas, quién puede ir al colegio y qué estudiamos, quién puede tener una casa y dónde vivimos, quién puede llevar zapatos y cómo nos vestimos, son los que deciden quién puede hablar y qué escuchamos.  [De este modo], mientras las fuerzas que destruyen el planeta puedan expresarse libremente, nosotros seguiremos sintiéndonos libres, protegidos y satisfechos.”

2. Realidades: el marco legal existente y sus inspiraciones totalitarias.

Esta distinción no es ociosa, mucho menos en función de las inspiraciones autoritarias y centralistas de la legislación vigente. La Ley 22.285, promulgada por la Junta Militar en septiembre de 1980, sostiene, por ejemplo, en su artículo quinto, que:

“Los servicios de radiodifusión deben propender al enriquecimiento cultural y a la elevación moral de la población, según lo exige el contenido formativo e informativo que se asigna a sus emisiones, destinadas a exaltar la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del respeto por las instituciones y las leyes de la República y el afianzamiento de los valores inherentes a la integridad de la familia, la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de la moral cristiana. Las emisiones de solaz o esparcimiento recreativo no deben comprometer, ni en su forma ni en su fondo, la efectiva vigencia de los fines enunciados. El contenido de las emisiones de radiodifusión dentro del sentido ético y de la conformación cívica con que se difunden los mensajes, debe evitar todo cuanto degrade la condición humana, afecte la solidaridad social, menoscabe los sentimientos de argentinidad y patriotismo y resienta el valor estético.”

El artículo sèptimo, por su parte, coloca a la ley bajo el amparo explícito de la odiosa Doctrina de Seguridad Nacional:

“Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley.”

Y estos son apenas dos ejemplos.

Es importante recordar estos aspectos, cuando tenemos frente a nosotros una oposición política que confunde la libertad de expresión con la libertad de prensa, y ambas con el derecho a la información, dejando la totalidad de estos aspectos en manos de los monopolios privados que le sirven de plataforma política.

3. No hay peor censura que los monopolios.

Al respecto, resulta pertinente recordar que la posición de este gobierno en la materia, lejos de una supuesta “ley mordaza”, apunta a abrir un juego hoy cerrado por los propios dispositivos institucionales heredados, dispositivos que han sido funcionales a la concentración monopólica de la información. Para Sergio Fernández Novoa, vicepresidente de Télam, 

“En el proceso de construcción de la subjetividad humana, pocas cosas son tan antidemocráticas como el reparto en la propiedad de los grandes medios de comunicación. En nuestro país sólo cuatro grupos son los responsables del proceso de elaboración y distribución del 83% de los contenidos informativos que circulan por el territorio. De esta manera ejercen una influencia determinante en la disputa por los sentidos.”

Por ello, tal vez, me resultan especialmente odiosas aquellas construcciones discursivas de tono apocalíptico, destinadas a señalar en el Estado, y no en los grupos económic0s responsables de su vaciamiento, el peligro para la democracia, soslayando en el camino la privatización de las libertades privadas y su conversión en mercancía corporativa. O, como lo señala Luis Lázzaro,

“En el imaginario social del día a día, la realidad termina siendo aquella representación que se construye a partir de las herramientas disponibles para designarla. En sociedades altamente atravesadas por sistemas masivos de comunicación, esas herramientas son proporcionadas por un dispositivo complejo y concentrado, que impone su punto de vista aún frente a la experiencia individual empírica.  Ese sistema forma parte de la realidad social, a tal punto que interviene en su transformación. Su arte está en hacer creer que sólo cuenta lo que sucede, cuando en verdad es parte del proceso de producción de ella misma.”

 

4. Reacciones interesadas, con fundamentos escasos.

La reacción de los multimedios frente al proyecto oficial pasó, sin escalas, del niguneo a la alarma. El proyecto cuya presentación inicialmente no informaron devino, de un día para el otro, en una amenaza a la libertad de prensa. Significante vacío que esconde una visible incapacidad para argumentar en defensa de lo indefendible. Al respecto, Ricardo Forster señaló las contradicciones inherentes al discurso común de opositores y multimedios:

“Nuestros seudorrepublicanos ni siquiera son genuinamente republicanos; nuestros seudoliberales tampoco lo son allí donde se trata, como siempre, de defender los intereses de los grandes grupos económicos y, en este caso particular, de la corporación mediática que suele desgarrarse las vestiduras en nombre de la libertad de prensa cuando ve amenazados sus intereses empresariales. Extraña paradoja de un grupo empresarial que defiende a rajatablas la libertad de mercado (siempre asociada liberalmente a la libertad de prensa) pero que se opone con todas las armas que tiene disponibles a cualquier intento por desplazar una legislación que nació en la noche dictatorial y que se hizo para controlar, vigilar y censurar.”

En su tono habitualmente más coloquial, Eduardo Aliverti lo remarcó con mayor claridad:

“¿Qué carajo puede cuestionársele, con honestidad ideológica, a que dos tercios del espectro de radio y televisión puedan quedar en manos del sector público, de organizaciones sociales, de universidades, de cooperativas, de sindicatos? ¿Cómo se hace para no estar en contra de que un único permisionario tenga en la misma zona de influencia el diario, la radio, el canal abierto, el canal de cable? ¿Cómo hacemos para oponernos a que haya la posibilidad de que el fútbol no sea un gueto pago manejado por una corporación de atorrantes? ¿Qué decimos?”

5. ¿Por qué dar la pelea?

Independientemente del resultado final de la contienda política que se abre en esta nueva etapa, algo es claro: la defensa de los intereses de los multimedios -pago anticipado por su apoyo en las distintas campañas electorales y políticas que se avecinan- servirá para poner blanco sobre negro en materia de opciones políticas. La regulación del espectro de radiodifusión, como enseña precisamente el caso venezolano, no es un aspecto más de la intervención del Estado en la construcción social: es el cimiento principal, desde el punto de vista normativo, en la construcción continua de una sociedad mejor.

Ezequiel Meler, 

Administrador.

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