Caseros y la Historia.

Un día como hoy, pero en 1852, el Ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, caía derrotado frente al llamado Ejército Grande, un contingente heteróclito de huestes multinacionales liderado por el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. La derrota de Rosas, debida en buena medida a las deserciones de la tropa, así como al decisivo desempeño del contingente brasileño, integrado por militares profesionales, terminaba con un ciclo de la historia nacional, aunque por cierto tiempo no estaba demasiado en claro qué era lo que estaba empezando a cambio.

Para la tradición liberal conservadora, la derrota de Rosas marca el fin de la “tiranía” de Buenos Aires, y abre el camino de la “organización nacional”, bajo el imperio de una Constitución.  Sin embargo, en los hechos la unidad nacional no duró demasiado: ya el 11 de septiembre de 1852, el Estado de Buenos Aires, bajo la gravitación de Bartolomé Mitre -quien inicialmente había acompañado a Urquiza contra Rosas-, se escindía de la nueva Confederación Argentina. Recién en 1862, tras la batalla de Pavón, quedaría afianzado el principio de unidad territorial que dio lugar a la Argentina contemporánea.

Por otra parte, ¿acaso el propio Sarmiento, en su inmortal Facundo, no había reconocido en el legado de Rosas un antecedente ineludible del proceso de constitución del Estado?

En cualquier caso, la relevancia histórica de Caseros estriba también en el nuevo contexto internacional: a diferencia del período inmediatamente posterior a las independencias latinoamericanas, en el cual no había un relevo específico a la división colonial del trabajo, el avance de la revolución industrial en Inglaterra y Europa desde la segunda mitad del siglo XIX abría nuevas posibilidades económicas y sociales.  Países como la Argentina, siempre y cuando contasen con la dotación adecuada de factores, podían insertarse en una nueva división del trabajo, en la cual eran requeridos no meramente como consumidores de manufacturas, sino también como abastecedores de materias primas para las nacientes economías fabriles.

¿De qué “factores” estamos hablando? Principalmente, mano de obra e infraestructura. Para ello, era imprescindible remover los obstáculos que impedían la acumulación capitalista,  alentar la inmigración europea -aunque la elite terrateniente de la Pampa Húmeda se cuidó bien de limitar su acceso a la propiedad de la tierra-, así como convocar al capital extranjero a radicarse en el territorio. A tales fines debía abocarse la Asamblea Constituyente conformada en Santa Fe en 1853. De hecho, si leemos el capítulo primero, “Declaraciones, derechos y garantías”, veremos rápidamente una sucesión de definiciones esenciales en ese sentido. Por el artículo quince, los constituyentes declararon taxativamente que “en la Argentina no hay esclavos”, por el artículo dieciseis, consagraron el principio de igualdad ante la ley. Por el artículo diciesiete, garantizaron el derecho de propiedad. El artículo veinte extendía los derechos civiles a los extranjeros, y el artículo veinticinco, hasta la fecha, y pese a sucesivas reformas, reza:

“El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.”

Hay, entonces, un trasfondo de verdad en la constante evocación de la derrota federal por parte de las elites sociales y políticas del país, puesto que si Caseros no garantizó de inmediato la paz y el control territorial, fue la piedra basal del consenso nacional que daría lugar, en el tiempo, a la Argentina de los granos y las mieces -y la lana también, si queremos mantener cierto rigor-.

Retrospectivamente, tanto los intelectuales orgánicos del liberalismo como los voceros de los diversos populismos del siglo XX se esforzaron en convertir a Rosas en un enemigo de estos fines. Durante décadas, se ha querido ver en Rosas y sus montoneras a la encarnación de una alternativa “nacional” frente a la hegemonía liberal. En esa línea, Caseros habría dirimido el conflicto entre dos proyectos de nación antagónicos, así como entre dos modelos de inserción externa opuestos e incompatibles.

Estas afirmaciones, efectuadas con menos evidencia que esperanza, chocan de frente contra algunas comprobaciones elementales. Pues es con Rosas que se afianza el predominio comercial y económico de Gran Bretaña sobre nuestro territorio. Asimismo, es con Rosas que se afirma la primacía de Buenos Aires sobre las provincias, y de los sectores terratenientes orientados hacia la economía atlántica por sobre aquellos comerciantes que habían amasado sus fortunas en torno del corredor altoperuano.

Pero, así y todo, Caseros cumplía un cometido histórico que el rosismo se había propuesto evitar: la organización nacional. En efecto, Rosas, lejos de ser el portador de un proyecto alternativo, era el defensor del estado de cosas más favorable a la oligarquía porteña, asociada a los intereses británicos, dedicada de preferencia a los negocios pecuarios. Para esa oligarquía, el control de la Aduana y el puerto de Buenos Aires era una baza de acumulación no negociable. Tanto es así, que fue necesaria, como señalamos, otra década entera para persuadirla. Y aún entonces, los sectores más radicalizados y residuales del “autonomismo” porteño siguieron defendiendo sus privilegios, al oponerse por las armas, tan tarde en 1880, a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, anterior capital del Estado homónimo.

En otras palabras, la derrota de Rosas se debe menos a su capacidad de forjar un destino alternativo para el país -nacional, popular, latinoamericano y federal- que a la carencia de un proyecto como el que se le atribuye. Esto, que ha sido consistentemente demostrado por los historiadores liberales, no ocluye, sin embargo, dos importantes correctivos. En primer lugar, la ausencia de una base popular en el antirrosismo, que expresaría, en el largo plazo, la exclusión de las clases populares en el nuevo bloque hegemónico. En segundo lugar, que el proyecto liberal, habiendo logrado-eventualmente- consolidar la unidad del Estado, nunca fue, por eso mismo, un proyecto de unidad nacional.

 La Nación Liberal de 1853, que medró en la ausencia de proyectos alternativos al capitalismo periférico,  se sostuvo en el tiempo a través de la restricción a toda forma de integración política de las masas urbanas y rurales, manteniendo los privilegios de una minoría social, caracterizada a la vez por sus  conductas patricias y sus aspiraciones oligárquicas. La incapacidad de los sectores liberales para lidiar con la historia y con el cambio, en 1912 como en 1940 y después, alejó para siempre la necesaria conciliación de intereses que abriese paso a la resolución de los grandes temas nacionales, entre los que se cuenta la aspiración a un desarrollo independiente. Una herencia mucho más peligrosa, por cuanto, desde hace décadas, sabemos que el proyecto liberal, basado en la exportación de materias primas y alimentos, se halla completamente agotado como estrategia de desarrollo. En ese sentido, puede decirse, de manera un tanto forzada, que el desafío que Caseros planteó a los argentinos hace casi ciento sesenta años -esto es, la necesidad de conjugar la organización política del país con un proyecto nacional no refractario a la integración popular- sigue estando  irresuelto. 

 

Ezequiel Meler,

Administrador.